LEJOS DE REDUCIRSE, LA CORRUPCIÓN CRECE

Medio gabinete tiene denuncia penal por la Contraloría General de Cuentas

Como resultado de 511 auditorías realizadas a instituciones que reciben fondos públicos, la contraloría General de Cuentas entregó al Congreso de la República y posteriormente en conferencia de prensa, el Informe de auditoría de liquidación del Presupuesto General 2016.

El Contralor General, Carlos Mencos, informó que el trabajo de fiscalización, en el que participaron más de 700 auditores gubernamentales, permitió formular 4 mil 521 hallazgos, por lo que se aplicarán 4 mil 169 sanciones por un total de Q175.9 millones.

Además se presentaron 271 denuncias penales por el mal uso de los recursos públicos, o por “malas prácticas administrativas” correspondientes al año 2016 por 2,785 millones, superando el último año de gobierno del PP, que recibió 237 denuncias por 2,785 quetzales. Hechos que según Mencos podrían constituir delito y valdrían como medios de prueba para emprender la investigación penal.

Los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) por diferentes hallazgos encontrados en las diferentes auditorías realizadas al primer año de gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se vendió en su campaña electoral como el único que no era «corrupto ni ladrón».  Siete de sus catorce ministerios están siendo denunciados por habérseles encontrado indicios de delitos en el mal manejo de los recursos, tras los primeros 16 meses de la gestión de FCN-Nación. Otros altos funcionarios también recibieron informes de cargos por montos que tendrían que reintegrar a sus carteras.

El ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, recibió dos informes de cargos por Q180 mil 510, al haber pagado la alimentación de agentes de la SAAS que cuidan el palacio, entre otros, y una sanción por Q. 4 mil 375. El segundo informe es por Q120 mil 750 y es por haber autorizado vales por combustible  a personal temporal de esa cartera.

También la Ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, recibió dos denuncias penales mancomunadas. La primera por Q17 millones 396 mil 597.34 por operaciones efectuadas fuera del sistema contable, la querella incluye a varios funcionarios de ese ministerio dentro de la querella. La segunda incluye a los exministros Mariano Rayo y Alfonso Cabrera, y es por casi Q17 millones por el pago de gastos en años anteriores como arrendamiento de edificios y viáticos.

El ministro de Ambiente, Sydney Samuels, debido a que cinco trabajadores no tenían en orden sus expedientes, fue sancionado por Q41 mil 125.

El titular de la cartera de Agricultura,  Méndez Montenegro, tiene en su contra unas cuatro denuncias penales, Una de ellas por haber incumplido disposiciones legales al extralimitarse en sus funciones y emitir nombramientos contrarios a la Constitución, como un suplente en el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Otra querella es por Q168 mil, por un contrato de arrendamiento del mismo inmueble donde también tiene oficinas el Ministerio de Desarrollo Social, en Puerto Barrios, Izabal.

Una más se origina por la contratación de bienes y servicios sin haber seguido los procesos de cotización y licitación al otorgar el servicio bancario para los insumos agropecuarios a un banco del sistema. La suma es de Q6 millones 999 mil 665.

 

 

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