MINISTROS CÓMPLICES

Editorial 47

“El Presidente de la República, actuará siempre con los ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos”; así dice la Constitución Política de Guatemala, subrayando la corresponsabilidad en el Organismo Ejecutivo.

Cada ministro tiene responsabilidades derivadas de la administración de su correspondiente cartera, como cuenta dantes de la ejecución de los recursos. Por ejemplo, los ministros son responsables de la legalidad o ilegalidad de los pactos colectivos suscritos con los sindicatos de cada ministerio, entre muchas otras acciones que afectan los intereses de la Nación.

Pero existen otras actuaciones de los ministros de las cuales son igualmente responsables ante la Ley. De acuerdo al artículo 195 de la Constitución, “el Presidente, el Vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el Presidente de la República, quien lo convoca y preside.

Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del Presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso”. Más claro ni el agua.

Por eso resultó muy acertada la decisión de la Procuraduría General de la Nación de presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los ministros que integraron el gabinete del Gobierno del Partido Patriota. El MP deberá investigar si los ministros incurrieron en responsabilidades penales al avalar el usufructo a TCQ, por medio de la resolución de Consejo de Ministros, de fecha 28 de agosto 2013, por medio de la cual declararon sin lugar una solicitud planteada por el diputado Roberto Villate, que pedía que se declarara lesivo el contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal.

Otro caso similar, poca duda tenemos, emergerá de las investigaciones en torno al aporte de inversión para el Transurbano durante el Gobierno de la UNE, debido a que las ilegalidades cometidas para autorizar el aporte de cientos de millones de quetzales, fueron suscritas y refrendadas por el Consejo de Ministros presidido por Álvaro Colom.

Sirva esta reflexión para quienes actualmente conforman el Consejo de Ministros, deben ser cuidadosos en cada una de sus actuaciones porque son responsables de ellas ante la Ley. Son los recursos de Guatemala y sus políticas de desarrollo, las que tienen en sus manos, por lo que en medio de tanto caos no debe olvidarse que más temprano que tarde, tendrán que entregar cuentas de sus decisiones.

Algunos ex ministros ya se encuentran en la cárcel enfrentando a la Justicia, otros han preferido demorar lo inevitable, huyendo del país, o tomando un reducto como es el caso de Carlos Contreras Solórzano, ex ministro de Trabajo del PP, quien fue cómplice de abrirle paso al usufructo ilegal de TCQ, con el agravante de que este contravenía los intereses de los trabajadores de la portuaria Quetzal. La denuncia puesta por la PGN debiera ser suficiente para impedirle seguir enquistado en la Presidencia del IGSS.

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