Si Jimmy no es el responsable de la tragedia Hogar Seguro ¿Quién?

El Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal conocerá la solicitud de antejuicio del presidente Jimmy Morales, por el caso de la tragedia denominada “Hogar Seguro”, en el cual perdieron la vida calcinadas 41 adolescentes, quienes estaban bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

El Ministerio Público (MP) trasladó la denuncia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quienes tienen a su cargo determinar si procede o no, quitarle el derecho de antejuicio al Presidente de la República, debido a que la entidad investigadora no puede proceder a investigar hasta que la CSJ determine si se han cometido delitos. Según Mayra Véliz, secretaria general del MP, “no se puede descartar ninguna acusación y por lo tanto la trasladaron a la CSJ para su análisis y posterior designación de un juez pesquisidor, si así lo decide el ente judicial”.

Véliz comentó en un programa radial que la solicitud de los diputados tiene poca información, por lo que la Corte de Constitucionalidad (CC) al igual que la CSJ, «han solicitado enviar algo mínimo para que los magistrados puedan entender si la petición contiene argumentos espurios, políticos o ilegítimos».

La querella fue interpuesta seis días después de la tragedia, el pasado 14 de marzo, por los diputados de la Bancada Dignidad, Sandra Morán y Leocadio Juracán, basados en “la jerarquía de mandos”. En la querella, Morales es señalado de: omisión de denuncias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tortura y ejecución extrajudicial.

“Se constató que las personas que estaban en los puestos clave de la SBS llegaron allí por los vínculos con el presidente Morales, tal es el caso de Anahí Keller, quien era la productora de los programas del mandatario”, declaró la diputada Morán.

El jefe del Ejecutivo expresó su preocupación por el antejuicio, pero aseguró que confía en que el Organismo Judicial hará su trabajo… aunque es sabido que estaba informado de la situación desde la noche anterior a la tragedia, aprovechó para insistir en que él no giró instrucciones para encerrar con llave a las menores.

Por su parte el vocero presidencial, Heinz Heimann, comunicó que al menos cuatro solicitudes de antejuicio han sido presentadas en lo que va de la administración de Morales y que “ninguna ha prosperado”.

La CSJ tendrá que resolver si acepta o no la solicitud según la Ley de Antejuicios, para posteriormente trasladarla al Congreso de la República, en donde los diputados serían quienes decidan si le retiran o no la inmunidad al Presidente con el voto a favor de dos tercios del pleno.

Referente al mismo caso, el pasado lunes el MP realizó cinco detenciones de funcionarios públicos y dos policías, entre las que sobresale la de Harold Flores, defensor de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de La Nación (PGN), y la de Gloria Patricia Castro Gutiérrez, actual defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH.

Además la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del MP, presentó una solicitud de antejuicio contra la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, quien habría incurrido en la comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

Cabe resaltar que el MP, la PGN y la PDH habían recibido denuncias previas a la tragedia, sobre las condiciones infrahumanas a las que eran sometidas las menores. Se mantiene la cuestión del por qué no se actuó oportunamente… y más aún, por qué los diputados ahora denunciantes no incluyen a los responsables de estas instituciones en su querella.

Más allá de procedimientos legales, es necesario aceptar y responsabilizarse como Estado por el abandono en el que se «desarrolla» la niñez y adolescencia en nuestro país, tanto a nivel gubernamental por el compromiso adquirido voluntariamente a la hora de postularse a cargos públicos, como ciudadano, ya que somos los guatemaltecos quienes delegamos la administración del poder público en los gobernantes que elegimos.

 

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