UNA GUATEMALA SIN TECHO


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MIENTRAS EL FOPAVI EJECUTA MILLONES DESDE LAS SOMBRAS

Se estima que en Latinoamérica el déficit de vivienda alcanza el 43%. En Guatemala no existen datos actualizados ni certeros, pero la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en 2011, apunta que hay un déficit de más de un millón de viviendas. El déficit no se debe a una falta de recursos sino más bien a un gasto que se ejecuta con total opacidad, quizás para esconder en las residencias de qué funcionarios y contratistas termina ese presupuesto.

De los datos arrojados por la ENCOVI, se determina también que cerca del 61% de ese déficit son casas que no reúnen los requisitos mínimos: están en zonas de alto riesgo, no tienen acceso al agua potable o a energía eléctrica y su construcción es improvisada. Mientras tanto el 39%, cerca de 39 mil familias, no cuentan siquiera con un techo.

Tan sólo en la ciudad capital se estima que existen 586 asentamientos, de los cuáles aproximadamente un 40% según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se encuentran en alto riesgo puesto que están ubicados en terrenos que no reúnen las condiciones de seguridad, tales como los barrancos.

El déficit de vivienda repercute en que cada vez sean más los terrenos invadidos pero las autoridades sólo solucionan el problema a medias. Con gran cantidad de efectivos policiales una y otra vez se han hecho desalojos y para apaciguar los ánimos de los habitantes sólo se les traslada a otros terrenos en los que no tienen propiedad de la tierra ni condiciones mínimas para una vivienda. Sin embargo la solución está al alcance de la mano, hay un fondo para darle a esas familias una mejor vida, lo que parece no haber es voluntad política y transparencia.

Mientras tanto en las oficinas de FOPAVI

En 2012 un grupo de manifestantes decidió vivir frente al Congreso como medida de presión para que se aprobara la Ley de Vivienda. Los diputados finalmente la aprobaron, creando el Fondo Para la Vivienda (FOPAVI) que venía a sustituir el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI). Al mismo le asignaron un presupuesto que año con año ronda los Q.270 Millones y un aporte que proviene del 100% de lo recaudado al impuesto a la distribución del cemento, es decir un aproximado de Q.70 Millones. Recursos hay.

En el último mes el todavía presidente Otto Pérez Molina anunció que se trabaja para construir 400 casas mensuales para alcanzar la meta de 7 mil 115 viviendas construidas. El problema es que las autoridades de FOPAVI dificultan el necesario acceso a la información para poder fiscalizar la ejecución del programa. No se trata sólo de la cantidad de casas sino de verificar la calidad de las construcciones, asegurarse que estas lleguen realmente a la población más necesitada y que el presupuesto y los contratos se asignen de forma transparente.

Revista Perro Bravo ha iniciado investigaciones al respecto. En el afán de una supuesta transparencia, el FOPAVI cuenta con un sistema electrónico para el control de los proyectos pero de nada sirve puesto que para ingresar se necesita un usuario y una contraseña que la responsable de comunicación del FOPAVI, Rebeca González, ha negado asegurando que es un sistema que no está abierto a la prensa y es sólo para uso de las autoridades y las constructoras. Tampoco la responsable de Relaciones Públicas del Ministerio de Comunicaciones, Vicky Castillo, ha facilitado dicho acceso.

Esta primera negativa ya genera las primeras dudas pero la incertidumbre sobre lo que esconde el FOPAVI crece después de habérseles solicitado, el 14 de mayo, los estudios socioeconómicos de elegibilidad de algunos proyectos de vivienda. Esos estudios son los que justifican la asignación de recursos para las empresas desarrolladoras.

La Unidad de Acceso a la Información entregó una resolución sólo ante la persistencia de este medio, puesto que en diferentes ocasiones informaron que “hemos solicitado la información al FOPAVI pero aún no nos la han dado”. Sólo ante la insistencia de este medio se entregó, fuera de los plazos que establece la ley, un listado de beneficiarios de proyectos habitacionales pero no entregando los estudios que justifican esos proyectos.

Estos primeros hechos en las investigaciones apuntan a que las autoridades esconden un caso de corrupción de proporciones millonarias, un caso similar al de “La Línea” en el que por igual participan funcionarios, financieras y empresas constructoras.

En próximas entregas Revista Perro Bravo ahondará en la investigación sobre cómo los recursos del FOPAVI han terminado en los bolsillos de una red de corrupción mientras los guatemaltecos mueren de frío y sin una vivienda de calidad que los resguarde.

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