¿Y las declaraciones de probidad?

EDITORIALEditorial 7

¿Y las declaraciones de probidad?
De acuerdo a la Ley de Probidad que entró en vigencia en el año 2002, la Declaración Patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que, bajo juramento, deberán presentar a la Contraloría General de Cuentas los funcionarios públicos como requisito para asumir el cargo, y al cesar el mismo.
Esta declaración de probidad debe incluir los ingresos anuales de los funcionarios y sus cónyuges, el valor de sus inmuebles y hasta los datos de sus cuentas bancarias en Guatemala y en el exterior para que la Contraloría pueda evaluar cómo ha evolucionado el nivel de vida de los funcionarios durante el período de tiempo en que ocuparon el cargo.
A diferencia de otros países en los que los ciudadanos tienen acceso a las declaraciones de probidad de sus funcionarios públicos, en Guatemaa, la Ley de Probidad garantiza la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, estableciendo que se prohíbe su divulgación por cualquier medio y que solo podrá verificarse dentro de un proceso judicial; tirando a la borda con esto el espíritu de transparencia que debe imperar en la fiscalización de la administración pública, e impidiendo que la ciudadanía conozca el patrimonio de quienes llevan la administración de los recursos de la Nación.
Con una ley de probidad así, que tolera la secretividad, no es de extrañar que no haya rendido frutos en la fiscalización del gasto público. ¿O cuándo ha escuchado usted de algún proceso judicial en donde un ex funcionario público haya quedado evidenciado a partir de sus declaraciones patrimoniales?
Pero no todo está perdido. La confidencialidad de esas declaraciones patrimoniales tan importantes para alcanzar la transparencia en un país con una cultura de corrupción tan enraizada, puede romperse fácilmente si los funcionarios deciden hacerlas públicas por cuenta propia o si autorizan formalmente su divulgación.
En ese sentido, muchos recordamos cuando inmediatamente después de resultar electos, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ofrecieron hacer públicas sus declaraciones de probidad. Es de reconocer que el Presidente cumplió con ese ofrecimiento cuando, hace aproximadamente un año, hizo público su patrimonio. No así la Vicepresidenta.
A principios de este año, el Presidente de la República ofreció que en febrero esperaba que los ministros que integran el gabinete de gobierno hicieran públicas sus declaraciones de probidad, sin embargo, finalizado el primer trimestre del segundo año de gobierno, ningún funcionario ha hecho pública su declaración de probidad ni ha informado si hubo algún cambio en el estado de sus bienes patrimoniales.
Nuestra obligación como ciudadanos es ejercer presión no sólo sobre ministros, directores y secretarios, sino también sobre diputados, jueces y magistrados, para que hagan pública su declaración patrimonial año con año, en un acto de verdadero compromiso con la transparencia; después de todo, como dijo el señor Presidente “no tenemos por qué estar escondiendo las cosas”.
Guatemala necesita de un esfuerzo extraordinario para recuperar la confianza en los funcionarios públicos, y eso solo se logrará si estos dan un paso al frente en temas de transparencia y renuncian a la confidencialidad.

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