“YO NO VENGO A VER SI PUEDO, PORQUE PUEDO ESTOY AQUÍ”

ZURY RÍOS INSISTE

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Durante su presentación como candidata a la presidencia por el partido Visión con Valores (VIVA), Zury Ríos, al ser cuestionada respecto a si aplica una prohibición constitucional a su candidatura, respondió citando una serie de casos de parientes de ex presidentes que se han inscrito exitosamente como candidatos a la Presidencia de la República en comicios anteriores y, en especial, resaltó el caso de Jacobo Arbenz Vilanova, quien compitió por la Democracia Cristiana en las elecciones 2003, siendo hijo del célebre Jacobo Arbenz Guzmán, quien llegó al poder como resultado de la Revolución del 44. ¿Pero cuál es la importancia de esa situación para el resto de guatemaltecos?

Es de reconocer que existe una opinión generalizada de que los políticos no respetan las leyes o que, por decirlo de otra forma, siempre se salen “con la suya”. No hay duda que es una reputación muy bien ganada por la clase política. Por eso, cuando las personas escuchan de diferentes fuentes acreditadas que la Constitución de la República, la Carta Magna de Guatemala, prohíbe la candidatura de cualquier político, la respuesta inmediata sería algo similar a “nadie es superior a la ley” o “que no lo dejen participar”. El peligro oculto está en que la falta de información pueda terminar generando una confusión social tal que se consienta la violación de derechos inherentes a todos los seres humanos, es decir, la posibilidad de despedirnos de la idea de un Estado de Derecho.

El reconocido abogado Alejandro Balsells, una de las voces más firmes de quienes aseguran que la prohibición constitucional aplica a la candidatura de Zury Ríos, ha declarado en repetidas ocasiones que “la prohibición es clara” y que su interpretación literal imposibilita la candidatura presidencial de Ríos.

El famoso Artículo 186

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 186, “Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República”, dice: “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República:

  1. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno;
  2. La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones;
  3. Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo;”

Sin dejar a un lado que el inciso c tiene una redacción deficiente, puesto que lo correcto sería: “y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, cuando estas se encuentren ejerciendo la Jefatura de Gobierno”; es fácil de comprender que el objetivo de la prohibición es evitar que los parientes de quienes dirigen el Estado se beneficien del poder para perpetuarse en el mismo. Fuera de esa circunstancia, no hay razón para tal prohibición.

 

Los derechos inherentes de la persona humana

Los derechos inherentes al ser humano, son aquellos derechos esenciales sin los cuales no podría concebirse una vida digna. Es decir, que todas las personas gozan de estos derechos, sin importar cualquier factor particular (nacionalidad, religión, etnia, orientación sexual, clase social, etc.). Se trata de derechos humanos inherentes al ser, por lo que no pueden separarse, nadie puede renunciar a ellos ni transferirlos.

Entre esto derechos inherentes a la humanidad está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, y otros entre los que se encuentra el derecho a elegir y ser electo.

La misma Constitución garantiza este derecho en su artículo 136, “Deberes y derechos políticos, que dice: “Son derechos y deberes de los ciudadanos: a. Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; b. Elegir y ser electo; c. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; d. Optar a cargos públicos; e. Participar en actividades políticas; y f. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

Así mismo, este derecho político de todos los ciudadanos “de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, también lo garantizan varios tratados internacionales, como el Pacto de San José de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969).

De acuerdo a juristas consultados, el derecho de cualquier persona de elegir y ser electo libremente no puede limitarse permanentemente, sólo en determinados casos puede existir una limitación de carácter temporal. Así puede comprenderse la prohibición del Artículo 186 de la Constitución guatemalteca, como una prohibición constitucional.

¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad?

Existen varias opiniones consultivas de la Corte de Constitucionalidad, las cuales son vinculantes, sobre la prohibición del artículo 186. Cabe destacar la Opinión Consultiva de la CC emitida a solicitud del Congreso de la República, expediente No. 212-89, en la que se lee en la página 10: “y respecto a los parientes del caudillo o jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar o de quien como consecuencia de tales hechos asumiere la jefatura de Gobierno, también debe entenderse que sería aplicable la prohibición, en el caso de renormalización constitucional, a la elección que se realizara en la época en que aquellos alteraron el orden constitucional, o éste detentara el poder, pero no más allá, es decir para períodos subsiguientes, porque la prohibición a los parientes no puede tener el carácter de una penalidad o proscripción impuesta a ellos, por actos que les fueron formalmente ajenos.”

Para el Licenciado Luis Rosales, parte del grupo de abogados que coordina los aspectos legales de la candidatura de Zury Ríos, “las resoluciones de la CC y del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, no son personales, sientan un precedente del criterio institucional apegado a Derecho”.

En resumen, a la candidatura de Zury Ríos no es aplicable la prohibición constitucional, será el juicio en las urnas en las Elecciones 2015 donde la gente decidirá sobre sus aspiraciones a la Presidencia porque, al final de cuentas, el pueblo manda con su voto.

 

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